lunes, 20 de febrero de 2017

Salta: texto de la ley que aprueba el uso medicinal del cannabis

Resultado de imagen para cannabis medicinalLey 7996 - Poder Legislativo de la Provincia de Salta

Título: Salud Pública. Provincia de Salta. Investigación médica y el uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. Marco regulatorio.

Fecha B.O.: 17-ene-2017

Texto de la norma:

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, SANCIONAN CON FUERZA LEY

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto establecer un marco regulatorio para la investigación médica y el uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud. 

Artículo 2.- Incorpórase al Vademécum de Salud Pública de la provincia de Salta como tratamiento, el aceite de cannabis y otros derivados de la planta aprobados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Para la provisión del tratamiento se debe acreditar prescripción médica e historia clínica. 

Artículo 3.- Incorpórase a la cobertura del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) como tratamiento, el aceite de cannabis y otros derivados de la planta aprobados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), debiendo acreditarse prescripción médica e historia clínica. 

Artículo 4.- La Autoridad de Aplicación impulsa la investigación, capacitación y difusión de los fines terapéuticos y científicos de la planta de cannabis y sus derivados en la terapéutica humana. 

Artículo 5.- El Estado Provincial impulsa, a través de laboratorios de producción pública de medicamentos nucleados en ANLAP, creada por Ley Nacional 27.113  y en cumplimiento de la Ley Nacional 26.688 , la producción pública de cannabis en todas sus variedades y su eventual industrialización en cantidades suficientes para su uso exclusivamente medicinal, terapéutico y de investigación". 

Artículo 6.- Créase en el ámbito del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Salta un registro voluntario a los fines de autorizar en virtud de lo dispuesto por el Artículo 5  de la Ley Nacional 23.737 la inscripción de los pacientes y familiares que presentando las patologías incluidas en la reglamentación y proscriptas por médicos matriculados, sean usuarios de aceite de cáñamo y otros derivados de la planta de cannabis, con el resguardo de protección de confidencialidad de datos personales. 

Artículo 7.- El Poder Ejecutivo Provincial puede celebrar convenios con organismos nacionales para el cumplimiento del objeto establecido en la presente. 

Artículo 8.- Es Autoridad de Aplicación de la presente Ley el Ministerio de Salud Pública de la Provincia. 

Artículo 9.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ley son imputados al Presupuesto General de la Provincia, Ejercicio vigente. 

Artículo 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la sala de sesión de la Legislatura de la provincia de Salta, a los dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.

Promulgación:

Decreto 61/2017

Salta, 11 de enero de 2017

jueves, 16 de febrero de 2017

EMP debe cubrir cautelarmente sonda descartable para autocateterismo vesical

Resultado de imagen para martillo juezPartes: M. N. B. c/ MEDICUS SA s/ amparo de salud

La empresa de medicina prepaga debe cubrir cautelarmente la sonda descartable para autocateterismo vesical que requiere la actora.

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal 
Sala/Juzgado: I 
Fecha: 6-sep-2016

Sumario: 

1.-Corresponde confirmar la sentencia que dispuso que la empresa de medicina prepaga accionada debía arbitrar las medidas necesarias para proveer a la actora de una sonda descartable para autocateterismo vesical, ya que precautoriamente debe estarse a los términos e indicaciones expresas del médico tratante, quien es, en definitiva, el responsable final del tratamiento que requiere el estado de salud de la amparista -medicamentos, dosis y modalidades de atención- y de su vida, ello así, mientras se sustancia completamente la causa y se producen todas las pruebas pertinentes a los fines de dilucidar si la prestación aquí requerida resulta idónea para el tratamiento de dicha enfermedad. 

Fallo:

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2016.

Y VISTO:

Los recursos de apelación interpuestos y fundados por la demandada a fs. 70/75 y 80/85 -los que merecieron respuesta de la parte actora a fs. 90/92 y 94/96- contra la resolución de fs. 58/60 y su ampliación de fs. 68 - respectivamente-, y CONSIDERANDO:

1. El magistrado hizo lugar a la solicitud de la actora y, en consecuencia, dispuso que la accionada debía arbitrar las medidas necesarias para proveer a la actora de una sonda descartable para autocateterismo vesical "Speed Cath", compact femenino, por 30 unidades 1=2, conforme lo prescripto por su médico tratante y hasta tanto se resolviera la cuestión de fondo (cfr. fs. 58/60).

A fs. 62/63 la accionante acompañó nueva indicación médica y solicitó la ampliación de la medida cautelar resuelta.

El magistrado dio curso a la nueva petición de la actora y, en consecuencia, dispuso ampliar la medida cautelar ordenada, ordenándole a la demanda a brindar la cobertura de la sonda indicada por el médico tratante (120 por mes), contra presentación de la receta respectiva ante las oficinas de la accionada y hasta tanto se decidiera la cuestión de fondo (cfr. fs. 68).

Contra el pronunciamiento de fs. 58/60, la demandada interpuso recursos de revocatoria y apelación a fs. 70/75, los que fueron contestados por la contraria a fs. 90/92. La ampliación de la medida cautelar fue apelada (con revocatoria también) por la accionada a fs. 80/85, y ello fue respondido por la contraria a fs. 94/96. El a quo rechazó las revocatorias intentadas y concedió los recursos de apelación a fs. 123, primer y segundo párrafo (respectivamente).

2. La demandada solicitó la revocación de los pronunciamientos de fs. 58/60 y 68 sobre la base de agravios que pueden resumirse -en ambos recursos- en los siguientes: a) no se encuentra acreditada la verosimilitud en el derecho, por lo que la cobertura solicitada en el pronunciamiento de fs.58/60 (30 unidades) y su ampliación de fs. 68 (120 unidades mensuales) no se encuentra prevista ni legal ni contractualmente, conforme lo indicara el responsable de su auditoría médica que oportunamente analizó el caso, ya que la actora no es discapacitada ni se encuentra en tratamiento oncológico, y tampoco se brindó siquiera un fundamento para que no pueda utilizar sondas de intercambio mensual, como suelen tener otros pacientes; b) no se ve configurado el peligro en la demora, dado que no se advierte la necesidad de un dispositivo especial, como lo es la sonda Speed Cath.

3. En los términos expuestos, resulta adecuado recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido, en repetidas oportunidades, que los jueces no están obligados a analizar todos los argumentos articulados por las partes o probanzas producidas en la causa, sino únicamente aquéllos que a su juicio resulten decisivos para la resolución de la contienda (Fallos 276:132, 280:320, 303:2088, 304:819, 305:537, 307:1121).

4. Examinando las circunstancias fácticas particulares de la especie, consta en autos que la amparista es una paciente de 80 años de edad, con antecedentes de vejiga neurogénica, vejiga con residuo post miccional del 90% del volumen premiccional, retencionista, por lo que debe realizarse autocateterismo vesical cuatro veces al día. Primeramente, su médico tratante le indicó sonda descartable Speed Cath (femenino) por 30 unidades (1=2) y, posteriormente, prescribió su ampliación a 120 unidades mensuales (cfr. fs. 3/4, 7/8, 27/28 y 62/63). Asimismo, obra una nota dirigida a la demandada solicitando el pronto despacho de su requerimiento de provisión de la prestación aquí cuestionada que, según refiere la actora en su escrito inicial, habría sido rechazado (cfr. fs. 25/26 y 37/44, en especial fs. 38 vta.).

Ello sentado, se debe señalar que no está discutida en el "sub lite" la patología que padece la actora ni su afiliación a la demandada (cfr. fotocopia de la credencial de fs.2).

La controversia se plantea en cuanto a la obligación de la demandada de proveer, cautelarmente, la cobertura al 100% de la sonda descartable para autocateterismo vesical "Speed Cath", compact femenino, por 30 unidades 1=2, y que fue posteriormente ampliado a 120 unidades mensuales por resolución de fs. 68.

5. Sentado lo anterior, cabe recordar que el Programa Médico Obligatorio (PMO) fue concebido como un régimen mínimo de prestaciones que las obras sociales deben garantizar (Resolución 201/02 y 1991/05 del Ministerio de Salud).

Es que, como sostuvo este Tribunal -en precedentes análogos al presente-, el PMO no constituye una limitación para los agentes de seguro de salud, sino que consiste en una enumeración no taxativa de la cobertura mínima que los beneficiarios están en condiciones de exigir a las obras sociales (cfr. esta Sala, doctr. causas 630/03 del 15/4/03 y 14/06 del 27/4/06, entre otras), y el mismo contiene un conjunto de servicios de carácter obligatorio como piso prestacional por debajo del cual ninguna persona debería ubicarse en ningún contexto (cfr. esta Sala, causas 8545 del 6/11/01, 630/03 del 15/4/03 y 14/2006 del 27/4/06).

6. Es importante puntualizar que el art. 28 de la ley n° 23.661 dispone que los agentes del seguro de salud deberán desarrollar obligatoriamente un programa de prestaciones de salud (cfr. esta Sala, causas n° 7841 del 7/2/01, n° 87/11 del 15/2/11, y n° 926/11 del 29/3/11, entre muchas otras).

7. Para resolver la cuestión, y frente a lo manifestado por la accionada respecto de lo informado por su auditoría médica (cfr. fs. 70/75, ver punto 2 de fs. 72 y 80/85, ver punto 2 de fs. 82 vta.), el Tribunal considera que -precautoriamente- debe estarse a los términos e indicaciones expresas del médico tratante (cfr. fs.4, 7, 27 y 62), quien es, en definitiva, el responsable final del tratamiento que requiere el estado de salud de la amparista -medicamentos, dosis y modalidades de atención- y de su vida. Ello así, mientras se sustancia completamente la causa y se producen todas las pruebas pertinentes a los fines de dilucidar si la prestación aquí requerida resulta idónea para el tratamiento de la enfermedad de la actora.

En consecuencia, y teniendo en cuenta que el juzgamiento de la pretensión cautelar sólo es posible mediante una limitada aproximación a la cuestión de fondo sin que implique avanzar sobre la decisión final de la controversia, cabe concluir que el mantenimiento de la medida dictada por el señor juez, junto con su ampliación, es la solución que, de acuerdo con lo indicado por el profesional médico, mejor se corresponde con la naturaleza del derecho cuya protección cautelar se pretende -que compromete la salud e integridad física de las personas (Corte Suprema de la Nación, Fallos: 302:1284)-, reconocido por los pactos internacionales (art. 25, inc. 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el art. 12, inc. 2, ap. d, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional; cfr._esta Sala, causas 22.354/95 del 2/6/95, 53.078/95 del 18/4/96, 1251/97 del 18/12/97, 436/99 del 8/6/99, 7208/98 del 4/11/99, 53/01 del 15/2/01 y 2038/03 del 10/7/03, entre otras; en igual sentido, C.S. Mendoza, Sala I, del 1/3/93 y C. Fed. La Plata, Sala 3, del 8/5/200, ED del 5/9/2000).

8.Por su parte, y con relación a la falta de verosimilitud en el derecho, es dable mencionar que las circunstancias invocadas por la amparista, las constancias obrantes en la causa ya analizadas y el peligro en la demora que entraña retrasar la continuidad de la prestación aquí requerida, conforme el tratamiento médico al que se encuentra sometida la actora, convencen a este Tribunal de que, hasta tanto se decida la cuestión de fondo y mientras se mantengan las actuales condiciones, corresponde la confirmación de lo decidido en ambas resoluciones en la instancia anterior.

9. Finamente, y en otro orden de ideas, se debe señalar, con relación al peligro en la demora, que este Tribunal ha reconocido que, en los casos en que se cuestionan decisiones relacionadas con la salud de las personas, resultan suficientes para tenerlo por acreditado la incertidumbre y la preocupación que ellas generan, de modo que la medida sea necesaria para disipar un temor de daño inminente, acreditado prima facie o presunto (cfr. causas 6655/98 del 7-5-99, 436/99 del 8-6-99, 7208/98 del 411-99, 1830/99 del 2-12-99 y 1056/99 del 16-12-99; en ese sentido, ver Fassi-Yáñez, Código Procesal comentado, t. 1, pág. 48 y sus citas de la nota n° 13 y Podetti, Tratado de las medidas cautelares, pág. 77, n° 19). Sin perjuicio de ello, los términos de las constancias médicas de fs. 3/4, 7/8, 27/28 y 62/63 acompañadas resultan suficientes para tener por acreditado el mencionado requisito.

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: confirmar la resolución de fs. 58/60, y su ampliación de fs. 68, en cuanto fue motivo de agravio. Las costas de Alzada se distribuyen por su orden, en atención a la cuestión debatida y al estado liminar de las actuaciones -arts. 70, segunda parte, y 71 del Código Procesal, texto según ley 26.939, Digesto Jurídico Argentino (DJA)-.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

María Susana Najurieta

Francisco de las Carreras

Ricardo Víctor Guarinoni

Fuente: Microjuris

Conforme las normas vigentes se hace saber que las sentencias que se replican en este blog son de carácter público y sólo el órgano jurisdiccional del que emana la decisión impondrá limitaciones a su publicación por razones de decoro o en resguardo de la intimidad de la parte o de terceros que lo hayan solicitado de manera expresa.

martes, 14 de febrero de 2017

La pelea Swiss Medical-OSDE suma otro capítulo

El superintendente de Salud no impulsará judicialmente la denuncia de la prepaga.

Resultado de imagen para pelea swiss medical y osdeTodos mueven sus fichas en la controversia que mantienen la empresa de medicina prepaga Swiss Medical y la Obra Social de Ejecutivos ( OSDE ). A pedido de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (Ufises), a cargo de Gabriel de Vedia, el superintendente de Servicios de Salud, Luis Scervino, se excusó de impulsar judicialmente la denuncia que inició Swiss Medical. Sin embargo, la conducta no implica que no pueda actuar en los asuntos referidos a la intención de cobrar la deuda en sede administrativa.

Así las cosas, Scervino elevó su decisión al ministro de Salud, Jorge Lemus, el inmediato superior del funcionario. 

Durante las últimas semanas, el reclamo se movió por varios caminos. El fiscal federal De Vedia fue el que, cuando el expediente llegó proveniente de la superintendencia, radicó una denuncia penal contra los responsables de la obra social por el delito de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social. La causa, que tramita en el fuero federal, aún no ha tenido resultados. Inmediatamente, el fiscal pidió que Scervino se excuse de entender en la denuncia, dado que el funcionario había sido empleado de la empresa que maneja Claudio Belocopitt por alrededor de 15 años. El viernes pasado, el superintendente dio un paso al costado.

Discusión

Mientras tanto, el reclamo por la deuda de un aporte al fondo solidario que el Gobierno cree que debió realizar OSDE desde 1998 hasta 2011 se discute en varios escritorios cercanos al presidente Mauricio Macri. 

Tanto representantes de OSDE como de Swiss Medical estuvieron en la Casa Rosada en las últimas semanas. La prepaga explica y da sus argumentos sobre lo que considera una notable desigualdad impositiva entre las empresas de medicina prepaga y las obras sociales. La obra social negocia una salida a un juicio que lleva casi 20 años y que aún está lejos de terminarse.

Fuente: La Nación

jueves, 9 de febrero de 2017

Ya no se necesita una orden médica para el test de HIV

La idea es eliminar uno de los obstáculos que hasta este momento dificultaba el acceso a la prueba.

Salud determinó que ya no se necesitará una orden médica para el test de HIVA través de la resolución 55 publicada el mes pasado en el Boletín Oficial, el ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus, estableció la obligatoriedad de ofrecer el test de diagnóstico de VIH a todo posible infectado, a víctimas de abuso sexual y para las parejas de embarazadas. También dispuso que cualquier paciente puede solicitar hacerse el estudio en un hospital público sin necesidad de una orden médica.

En todo el sistema público, será suficiente "la simple solicitud y firma del consentimiento informado de las personas interesadas en cualquier lugar donde se realicen el examen", informaron desde el ministerio. La idea es eliminar uno de los obstáculos que hasta este momento dificultaba el acceso a la prueba.

En detalle, la normativa dice que los médicos deberán ofrecer el examen a quienes en la consulta médica manifiesten neumonías severas, tuberculosis o cualquier infección de transmisión sexual, entre otras afecciones, como herpes recurrente, linfoma y tumores malignos de cuello uterino o ano.

"El acceso al diagnóstico oportuno es un factor determinante para la mejor respuesta al tratamiento de la infección por VIH, resultando en una mejoría en la sobrevida de la persona. El tratamiento antirretroviral con el objetivo de lograr una carga viral indetectable disminuye la transmisión del virus”, asegura el documento en el Boletín Oficial.

En 2015 Argentina suscribió a las metas regionales 90-90-90 de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que aspira a que para 2020 el 90% de las personas con VIH estén diagnosticadas, que de ellas el 90% estén bajo tratamiento y que, de este grupo, el 90% tenga niveles indetectables de carga viral.

Ese mismo año entró en vigencia en nuestro país la recomendación de la oferta universal de tratamiento a las personas que tienen el virus desde el momento del diagnóstico.

Según el boletín epidemiológico de la Dirección de Sida y ETS de Salud, presentado en diciembre pasado, en Argentina viven 120 mil personas con VIH y el 30% no lo sabe. Las cifras de diagnósticos tardíos, obtenidas a partir de las notificaciones, reportan un 33,3% de diagnósticos tardíos en varones y un 23,8% en mujeres.

Fuente: Clarín

miércoles, 8 de febrero de 2017

El CONICET y el Ministerio de Seguridad cooperarán en la fiscalización de sustancias psicoactivas

A través de un convenio con el citado Ministerio el Consejo colaborará en la elaboración de un sistema genérico para la fiscalización de nuevas sustancias psicoactivas. Para la ejecución del nuevo sistema el CONICET designa a la Unidad de Microanálisis y Métodos Físicos en Química Orgánica (UMYMFOR, CONICET-UBA). 

El presidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el doctor Alejandro Ceccatto y la titular del Ministerio de Seguridad de la Nación (MINSEG), la doctora Patricia Bullrich firmaron un convenio a través del cual el Consejo prestará asistencia técnica cuyo fin es implementar un sistema genérico para la fiscalización de nuevas sustancias psicoactivas. Este trabajo mancomunado es de importancia para la lucha contra el narcotráfico.

Para la ejecución de las tareas el Consejo designa a la Unidad de Microanálisis y Métodos Físicos en Química Orgánica (UMYMFOR, CONICET-UBA), cuyo director es el investigador superior del Consejo, el doctor Gerardo Burton.

En este sentido, el doctor Ceccatto, precisó que: “Es parte del organismo que brinde conocimiento técnico a otras áreas del Estado. La manera de involucrarnos no es solamente ocuparnos de hacer ciencia sino también siendo un auxiliar crónico en distintas cuestiones. Cuando firmamos este tipo de convenios estamos acercándonos al objetivo”, afirmó.

Por su parte, la doctora Bullrich “es fundamental este convenio ya que hablamos mucho con fiscales y vimos cuales eran las nulidades en causas judiciales en tema drogas sintéticas, y la mayoría de las nulidades tienen que ver con pequeñas variaciones en las fórmulas de las drogas. Esto nos va a permitir bajar el nivel de nulidades y también como una parte preventiva analizar los componentes que tienen las pastillas”, sostuvo.

Asimismo, el doctor Burton hizo hincapié en la paciencia del trabajo que conlleva el convenio. “Requiere un análisis muy cuidadoso de las estructuras individuales para encontrar la mejor forma de clasificarlas con estructuras genéricas que las representen. A nivel mundial este tipo de clasificación genérica la tienen muy pocos países”, concluyó.

Estuvieron presentes, por el CONICET, doctor Miguel Laborde, vicepresidente de Asuntos Tecnológicos, el Mg. Juan Carlos Soria, director de Vinculación Tecnológica, Abog. Celina Figueroa, coordinadora de área de Convenios de Vinculación,y el Mg. Germán Stalker, coordinador del Programa Nacional Ciencia y Justicia. Por el MINSEG, el doctor José Pereyra, director nacional de Investigaciones de Lucha contra el Narcotráfico, y el licenciado Martín Verrier, el subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico.

Fuente: CONICET